La problemática del agua
El agua es un recurso natural cada vez más escaso en el mundo. La demanda de recursos naturales crece más rápido que la oferta; y la velocidad de reposición de la existente está disminuyendo. Según The World Resources Institute, más de la mitad del planeta afrontará escasez de agua para el año 2040. Esto se explica por: i) el rápido crecimiento de la población mundial, que se expande a tasas del 1.2% anual; ii) el cambio climático, que ha acelerado el ciclo del agua; y iii) el desperdicio del preciado líquido.
Desde el siglo XVIII, Adam Smith ya había planteado una paradoja con respecto al agua: “nadie la cuida por ser aparentemente abundante, pero en situación de escasez nada puede ser obtenido a cambio”. Ello deja entrever lo fundamental que es el agua para el ser humano y para el crecimiento económico, pues a partir de ella se elaboran todo tipo de manufacturas y servicios (alimentos y bebidas, energía eléctrica, etc.)
El despilfarro del agua resulta de la elevada aversión a pagar por el líquido, que hasta hace poco se pensaba “infinito” por parte de la mayoría de la población. La legislación global da a entender que el “consumo de agua es un derecho”, luego apli- can el principio: lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta. El desafío inmediato consiste en cómo manejar el sistema de precios del agua para evitar que esta fiesta de despilfarro continúe.
En Colombia la situación es más grave, pues la corrupción al interior de las entidades de servicios públicos (tanto de agua, como de energía) está acelerando la crisis en la prestación de estos servicios a “precios que sean sostenibles”. A este respecto, Anif ha venido manifestando que, frente a dichas corruptelas e ineficacias de la administración pública, lo mejor es acelerar los procesos de privatización de estas entidades.
En esta nota abordaremos la problemática de Colombia en estos frentes de servicios públicos. En particular, analizaremos: i) el diseño de los esquemas de precios del agua; ii) las inversiones territoriales en sistemas de acueducto y alcantarillado en el país; y iii) los casos de éxito-fracaso en la administración de empresas públicas locales.
Sistema de precios
A nivel global, se tiene claro que los determinantes de largo plazo de los precios de los servicios públicos deben ser la guía estructural de dichas empresas en el corto plazo. Así, los precios deben inducir el uso racional del agua, la energía y pronto del aire. Para ello, resulta primordial delimitar los derechos de explotación-consumo del recurso (quién y cuánto puede consumir) y posteriormente establecer un sistema de precios que posibilite la negociación de esos derechos de explotación- consumo. Australia fue el primero en moverse en esa dirección y, en la región, Chile ha llevado a cabo reformas en pro de consolidar un mercado transaccional de agua.
En Colombia se han dado señales equivocadas por parte de las autoridades. Por ejemplo, se ha decidido incrementar los subsidios al consumo de agua, promoviendo mayores desperdicios. Recordemos que, durante la Administración Petro en Bogotá, se estableció el suministro gratuito del mínimo vital de agua (6 metros cúbicos mensuales) a estratos 1 y 2, el cual ha redundado en mayores desperdicios, amén del mayor “sacrificio fiscal” de Bogotá.
A lo anterior debe sumársele el subsidio al cargo básico en los estratos 1, 2 y 3. Afortunadamente, la actual administración ha tomado conciencia de la insostenibilidad del sistema y estos subsidios se han ido recortando de 20 metros cúbicos mensuales hacia el rango de 11-17 metros cúbicos mensuales (alineado con los 10 metros cúbicos que se estima consume un hogar mensualmente en una ciudad fría como Bogotá).
Si bien la Constitución habla de subsidios cruzados en servicios públicos, estos deben focalizarse exclusivamente en la población vulnerable, en vez de continuar expandiéndolos hacia los estratos medios. Ello ha sido particularmente visible en el Sisben, donde los inscritos llegan a 36,7 millones (el 75% de la población), pero, en realidad, aquellos en pobreza absoluta tan solo son 13,3 millones (28% de la población) y aquellos en “indigencia” (con recursos solo para alimentarse) son 4 millones (8.5% de la población).
Inversiones territoriales en agua potable
Las transferencias del gobierno central a las regiones también han considerado la destinación de recursos para dotar de agua potable y saneamiento básico a los municipios del país. El Sistema General de Participaciones ha transferido históricamente entre un 5%-6% del total de los recursos para propósitos de agua potable (sin contar alcantarillado y aseo), lo que representó cerca de $1.7 billones para la vigencia de 2016. Asimismo, el Sistema General de Regalías ha invertido cerca del 3% de sus recursos en el sector de agua potable entre 2013-2015, casi $1 billón, representado en 405 proyectos concentrados en las zonas rurales de los Llanos y El Caribe.
Lamentablemente, el sistema de apoyo a inversiones territoriales ha fallado. Allí han resultado insuficientes los recursos invertidos, lo que, sumado a la extendida corrupción en las regiones, todavía deja a cerca de una décima parte de la población del país sin acceso a agua potable ni alcantarillado. Son lamentables los casos de Buenaventura, Bucaramanga, Barranquilla, Anapoima, Santa Rosa de Cabal y Yopal (solo por enumerar algunos), donde sus habitantes continúan sin acceso pleno a agua potable por red y a los servicios de saneamiento básico. En muchos casos es corrupción abierta y, en otros, falta de adecuada asesoría, donde Findeter-DNP deben jugar un papel claro de liderazgo frente a administraciones locales bien intencionadas, pero sin mayor capacidad técnica al respecto.
Pero los problemas van más allá del servicio de agua potable. La prestación del servicio de energía eléctrica (muy ligada al manejo de aguas) también se ha visto agravada por las gestiones deficientes. Por ejemplo, en Barranquilla, la Electrificadora del Caribe (Electricaribe) ha entrado en crisis en la prestación del servicio, donde está de por medio un pleito internacional. Las inversiones previstas, estimadas en $1.1 billones, no se dieron; en unos casos se aducen fallas de la empresa y, en otros, falta de voluntad en el pago de dichos servicios por parte de los usuarios.
Debe avanzarse hacia la privatización de entidades públicas en el país, antes de que sea muy tarde. Algún tiempo atrás, Anif había señalado que existían activos equivalentes al menos al 5,2% del PIB susceptibles de privatización. Posteriormente, se procedió (de manera acertada) a vender Isagen y emplear esos recursos en la dotación de infraestructura vial en el país. Y, a pesar de que avanza la enajenación del 20% de la EEB, todavía son varios los activos en los sectores de energía, acueducto e hidrocarburos idóneos para privatizar.
Tomado de: larepublica.co
